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(SURTIDORES) –

En la reciente presentación del Indicador de Inflación Energética para América Latina y el Caribe (IELAC), Andrés Rebolledo, secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, destacó el significativo impacto del aumento de los valores en los surtidores locales.

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Las políticas de liberación total de los precios de los combustibles que el Gobierno de Javier Milei está llevando adelante, tuvo una marcada influencia sobre el “IPC energético latinoamericano”, en el cual luego de casi 8 años de congelamiento, se impuso como un factor nuevo y determinante de los cálculos regionales.

Este concepto fue uno de los principales temas que se tuvieron en cuenta durante la conferencia de presentación del índice inflacionario de la energía para América Latina y el Caribe que realizó la OLADE, durante la cual, se subrayó la importancia de las políticas nacionales en el panorama energético regional.

Durante el encuentro el secretario Ejecutivo de OLADE, Andrés Rebolledo, explicó a surtidores.com.ar que la implementación del sinceramiento de precios en Argentina ha generado una variación notable en el índice regional. “El incremento de las naftas en vuestro país ha mostrado cómo las decisiones económicas pueden influir en el panorama energético más amplio“, comentó, poniendo en evidencia la interconexión de las economías latinoamericanas.

En ese sentido y para mantener la estabilidad de precios, Rebolledo recomendó una diversificación de la matriz energética, con un énfasis especial en la incorporación de energías renovables. “La clave para una regularidad duradera es diversificar nuestras fuentes de energía. Esto no solo reduce la dependencia de los combustibles fósiles, sino que también promueve el uso de energías limpias y sostenibles”, afirmó.

El presidente de la OLADE también resaltó el rol fundamental de las Estaciones de Servicio en este proceso. “Es crucial reconocer a las expendedoras de combustibles como protagonistas del suministro y facilitadores del acceso a movilidades más limpias para los consumidores“, explicó, subrayando la importancia de estos puntos de venta en la transición energética.

El índice de inflación energética, que incluye la variación porcentual del IPC energético, se vio afectado principalmente por la volatilidad de los costos de los combustibles. Según Rebolledo, “los hidrocarburos pesan más en el cálculo del IPC energético debido a su naturaleza volátil en comparación con la electricidad”. En términos anuales, el índice se situó en un 1,96 por ciento, mientras que la variación mensual fue del 0,58 por ciento.

De acuerdo a los dichos del especialista, Argentina enfrenta un desafío con su riqueza energética y, aunque es difícil predecir con precisión el futuro de los precios, el entrevistado subrayó la importancia de la diversificación continental. “Nuestra región está mejor posicionada respecto al resto del mundo debido a su relevancia en la producción de gas y petróleo. La integración entre países ayuda a enfrentar períodos de complejidad”, manifestó.

La transformación de las matrices energéticas en América Latina está siendo impulsada por el cambio climático, con un esfuerzo notable por incorporar combustibles no convencionales. Al respecto, Rebolledo consideró que “las Estaciones de Servicio están jugando un papel activo en esta transformación, promoviendo el uso de biocombustibles y otras energías limpias”.

Y a pesar de las incertidumbres, el referente de OLADE subrayó que América Latina ha demostrado ser más resiliente que los países de la OCDE ante eventos globales como la guerra en Europa del Este. “La región tiene una posición destacada en la generación de energía limpia, con un 65 por ciento de la producción eléctrica basada en energías renovables“, añadió.

Para la organización finalmente, la transformación del sector energético en América Latina representa una oportunidad para lograr un desarrollo sustentable. “El desafío es ser coherentes en las políticas implementadas para asegurar precios razonables y estables“, dijo Rebolledo.

Los índices de precios al consumidor (IPC) y al consumidor del sector energético (IPCE) son indicadores clave en el análisis económico-energético. El IPC mide la variación de precios de bienes y servicios adquiridos por el consumidor final, mientras que el IPCE se enfoca en los productos de la canasta energética, como electricidad y combustibles. Estos índices son fundamentales para calcular la inflación total (IT) y la inflación energética (IE), que reflejan la variación porcentual de precios en sus respectivas áreas.

La inflación energética mensual (IEM) y anual (IEA) se calculan a partir de los reportes de IPC de los países, tomando en cuenta los factores de ponderación de la canasta energética. Para el cálculo de la IE regional, se analizó la información de 16 países, representando el 95 por ciento del PIB nominal de la región y el 92 por ciento de su población. Este análisis permite una comprensión integral de las tendencias y variaciones en los precios energéticos en América Latina.

(Econojournal) –

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que suspendió la suba del precio del gas de invierno que estaba prevista para mayo. Tampoco aumentará el precio de la energía mayorista para los hogares que estaba programada para este mes. En tercer lugar, el titular del Palacio de Hacienda postergó la implementación del índice de actualización automática de las tarifas de gas y electricidad que tenía que empezar a regir el 1 de mayo.
A través de una nota enviada este miércoles a la Secretaría de Energía, el ministro de Economía, Luis Caputo, oficializó la suspensión del segundo salto de actualización que estaba previsto para mayo en las tarifas de luz y gas para los hogares de todo el país.

Según explicó en la misiva a la que tuvo acceso Econojournal, la decisión -que ya fue efectivizada- se basa expresamente en “consolidar el proceso de desinflación llevado a cabo por el Gobierno”. De esta forma, el titular de Economía confirmó la medida que deja un velo de incertidumbre sobre las distribuidoras de gas y luz que desconocen cuándo se hará efectiva la suba.

En cuanto a los argumentos, el escrito, que también fue relevado al ENRE, Enargas y cada una de las distribuidoras, afirma que “resulta razonable y prudente postergar en el mes de mayo la aplicación efectiva de las actualizaciones dispuestas en las resoluciones”.

La suspensión también se extiende a los aumentos previstos para el PEST (Precio Estacional de la energía eléctrica) y para el PIST (Precio en el Punto de Inyección al Sistema) que aplicaba los nuevos valores que regirían desde mayo a septiembre de 2024.

Para el valor del PIST esto implicaba, por ejemplo, que un usuario residencial del segmento N1 (altos ingresos) pasaría de pagar en abril 2,79 dólares por millón de BTU a 4,49 U$S/MMBTU en los meses que van de mayo a septiembre.

Algunas distribuidoras calificaron la decisión como un “sinsentido”, afirmaron que no hace más que echar para atrás todos los acuerdos que se habían realizado para recomponer la estructura de costos y que “ahora se pone en juego la sostenibilidad del sistema”.

Aunque no había sido oficializada hasta ahora, la decisión de esta suspensión se había dado a conocer hace dos semanas, momento en el que también el Ministerio de Economía había anunciado frenar la actualización del Impuesto a los Combustibles de mayo y postergarla para junio. Esta medida en particular se concretó finalmente el 2 de mayo mediante el Decreto 375/24 publicado en el Boletín Oficial.

Nota-del-MinistroDescarga
Nuevo régimen tarifario con una fórmula en suspenso
En el caso del gas, en marzo a través de la Resolución 41/2024 y normativas complementarias del Enargas, el Gobierno nacional había presentado a las distribuidoras y transportistas el nuevo mecanismo de actualización mensual de los cargos de distribución y tasas y cargos por servicios. La misma se basa en una ecuación que contempla tres variables: el índice de salarios del sector privado, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires.

Esta misma norma aprobó los precios de gas en el PIST a ser trasladados a los usuarios finales para los consumos de gas realizados entre el 1° de abril y 31 de diciembre de 2024.

La aprobación de la suba de las tarifas fue acompañada, además, de un cambio en el régimen tarifario que implicó el paso de la totalidad del Valor Agregado de Distribución (VAD) hacia el componente de cargo fijo. El objetivo fue darle más estabilidad a la estructura de costos de las distribuidoras aunque, al mismo tiempo, implica un fuerte aumento en el caso de algunos usuarios.

Para la energía eléctrica, la fórmula de actualización del Costo Propio de Distribución (CPD) se calcularía mensualmente en función del índice de salarios, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Es un sinsentido, en 20 días cambiaron las reglas de juego”

Consultado por la decisión, un representante del sector gasífero que solicitó reserva, calificó la decisión de suspender los aumentos como “un sinsentido” y aseguró que “pone en juego la sostenibilidad del sistema”.

“Tres áreas de gobierno -Economía, Energía y Enargas- trabajaron en una metodología tarifaria que fue aprobada por las compañías, se celebraron actas acuerdos y ahora volvemos a fojas cero. En 20 días cambiaron las reglas de juego, es un desgaste total y agrega una cuota de incertidumbre absoluta porque hoy es esto y ¿en unos meses qué pasa?”, cuestionó.

Por otro lado, afirmó que la decisión sería “comprensible” a corto plazo si lo que se busca es ayudar a sostener los cuadros tarifarios, pero “siempre y cuando se vaya ajustando la tarifa porque lo que cobramos en abril se nos va licuando con la inflación”.

El referente comentó que no fueron informados acerca del plazo de esta suspensión, lo que complica más el panorama: “Nadie sabe si la pausa en la actualización es por este mes o por los próximos y la incertidumbre es total. En términos prácticos, toda indexación que no se haga de manera paulatina, cuando se aplique será peor y, en ese caso, si no se compensa lo anterior, será como decirnos: «Muchachos, a llorar a la iglesia»”

El tormentoso aumento de combustibles de esta semana despejó los rumores de congelamiento, pero lejos estuvo de aliviar el panorama crítico que proyectan las refinadoras a partir de una disparada de costos que no puede ser trasladada a surtidor. (ELESTACIONERO)

Desde el lanzamiento del programa Precios Justos en diciembre del 2022, donde se trazó un sendero de aumentos mensuales del 4% (a excepción del 3,8% de marzo), las naftas perdieron unos 25 puntos contra la inflación y, según a las proyecciones del mercado, la pérdida llegaría los 40 puntos en agosto cuando finalice el acuerdo (36,6% de aumento de combustibles contra una inflación proyectada del 76,2% durante este período).

Para el consultor petrolero Marcelo Chimienti, el propio lanzamiento del programa fijaba un piso de inflación y validaba un alza de precios del 5% o 6% mensual hasta agosto. El problema es que “hace dos meses atrás, la proyección de inflación para 2023 era de 110% y hoy ya es del 145% con un pronóstico muy incierto”.

“Con inflación marchando al doble de tasa que la actualización acordada, se deprime aún más el precio en dólares de los combustibles. Sin dudas va a haber reacomodamiento de márgenes. El sector no está ajeno a la enorme distorsión que genera los actuales índices de inflación, y a la incertidumbre del efecto de una corrección discreta del tipo de cambio en el precio final de combustibles”, coincide Alejandro Einstoss, economista miembro del Instituto Mosconi, en diálogo con este medio.

En la misma línea, Bernabé Mayor, Gerente de Downstream de Refipampa, afirmó en el ciclo Ámbito Debate que la implementación de Precios Justos “dista un poco de la realidad argentina”. “Aumentar el precio un 4% contra variables que corren por arriba todos los meses obviamente que es un deterioro en el margen que se va viendo día a día”.

Entre las principales variables que componen los costos del Downstream se destacan las paritarias salariales, el índice de costos logísticos FADEEAC que evolucionó incluso por encima de la inflación y, sobre todo, la devaluación del tipo de cambio oficial a partir del cual las refinadoras pagan el barril de crudo local.

A partir de allí es que una de las pocas alternativas que le queda a la industria de refino es profundizar la negociación a la baja del barril local que ya se venía observando la semana anterior. Una solución que arrastraría el problema aguas arriba hacia todas las productoras del Upstream, que verían sus ingresos disminuidos. “Quizás haya una renegociación de precios del crudo en puerta refinería”, dice Einstoss.

“El congelamiento era ridículo y por suerte primó la razón. Pero tenemos el precio más bajo en precios constantes de los últimos 10 años y si esta semana YPF no aplicaba el aumento, se hubiera producido una situación de desabastecimiento en sus estaciones hasta cascadear a las otras estaciones de petroleras privadas que iban a aumentar igual”, indicó a Más E un técnico ejecutivo de una importante refinadora.

Otro camino posible que imaginan analistas del sector es que se intensifiquen los incumplimientos de Precios Justos que ya fueron registrados en varias provincias del país con aumentos que llegaban a duplicar la pauta permitida. Especialmente, si la incertidumbre electoral provoca una mayor escalada cambiaria que termine arrastrando todos los costos del Downstream a un nuevo nivel.

Sus importes, como los de las tarifas de luz y gas o el dólar oficial, quedarán retrasados en relación al avance de la inflación. Desde 2011, todos los Gobiernos usan el ancla de los combustibles en años electorales. (CLARIN)

Los gobiernos argentinos tienen propensión a tomar medidas económicas más antipáticas para el grueso de la población en los años que no son electorales que en los períodos en los que se celebran elecciones. El precio de los combustibles es una prueba de esta tendencia. En 2022, subieron entre 60% y 122%. Durante los primeros 8 meses de este año, el incremento rozará el 36%.

En 2022 no hubo elecciones. Los importes subieron casi al ritmo de la inflación y, en algunos casos, por arriba. La nafta premium escaló un 80%, y el gasoil -del que hubo faltantes varios meses- se escapó entre 100% y 120%. Es decir, que hasta superaron la inflación anual de 2022, que fue de 94,8%.

El panorama es distinto para este año. Se pactaron dos tandas de “precios justos” para los combustibles. El primero fue entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Una corrección mensual del 4% y una última de 3,2%. La segunda tanda de aumentos, desde abril hasta agosto, implica una remarcación mensual del 4%, que sucederá todos los días 15 de cada mes (abril, mayo, junio y julio). En agosto, cuando se celebren las elecciones primarias abiertas (PASO), ya no habrá aumentos.

El acumulado de los aumentos de combustibles para el período enero-agosto de 2023 está entre 36% y 37%. Aunque no se puede determinar cuál será la inflación de esos meses, los analistas calculan una suba en el costo de vida que superará el 110% anual.

Con los precios corriendo por debajo de la inflación, se genera un atraso. Los costos (petróleo, refinación, empleados) van por detrás de la evolución de las ventas. Los economistas suelen advertir que los precios “distorsionados” suelen traer complicaciones a la hora de regularizarlos. Esa tendencia se observa también en la energía (las tarifas de luz y gas, por ejemplo) o el tipo de cambio oficial, que está atrasado.

Con este acuerdo, Energía delega en la próxima administración la responsabilidad de ajustar los precios de los combustibles. Las petroleras dicen que aceptaron este acuerdo a cambio de correcciones en materia de impuestos.

«Con este desfasaje no podemos pagar los aumentos de salarios acordados con el gremio”, aseguraron en la principal cámara de estaciones de servicios.

«Si bien consideramos que el programa implementado entre el Gobierno y las petroleras da cierta previsibilidad, al establecer un sendero de aumentos contenidos; ello pone en jaque al sector, que viene sobreviviendo en un contexto de incremento generalizado de los costos, precios intervenidos por el Estado y paritarias por encima de la inflación» advirtieron.

“Con un incremento proyectado de los combustibles del 16% (de aquí a cuatro meses) no podemos hacer frente de ningún modo al aumento del 30 % correspondiente al ajuste paritario cerrado con los trabajadores, para el primer semestre de este año”, advirtieron.

“Esta política, llevada adelante entre el Gobierno y las petroleras, y de la que no formamos parte, pese a nuestros reclamos, resulta inequitativa para las miles de estaciones que sostienen el expendio de combustibles en todo el país”, aseguraron.

Un recurso electoral
De todas formas, la elección de esta administración de postergar aumento de precios en los años electorales ya viene siendo casi una constante de todos los gobiernos. En los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, se hizo sistemáticamente. Hubo aumentos en 2012 y 2014 (llevando el precio de los combustibles a niveles en dólares no vistos desde los ‘90), pero mucho cuidado en los años eleccionarios (2013 y 2015).

En 2013, algunos aumentos llegaron a aplicarse a poco de que el oficialismo perdiera las elecciones legislativas. El principal verdugo del Frente para la Victoria (el nombre electoral del kirchnerismo en ese momento) fue Sergio Massa, actual ministro de Economía. Se impuso en la provincia de Buenos Aires.

La administración de Mauricio Macri también recurrió a este artilugio. En 2018, un año no eleccionario, las subas en los surtidores fueron del 60%. De esa forma, superaron la inflación anual de ese año, que alcanzó el 47,6%.

En 2019, con las elecciones presidenciales, el Gobierno les pidió a las petroleras que congelaran los precios de los combustibles por tres meses. Las compañías se negaron. El Poder Ejecutivo paralizó los precios por decreto durante 90 días (junio, julio y agosto). La medida no alcanzó para mejorar las chances electorales de Cambiemos, que perdió las elecciones primarias.

De todas formas, el Gobierno insistió en ese camino. Habilitó un incremento del 4% (en ese momento, eran $ 2) para después de los comicios. Y las petroleras mantuvieron los importes durante septiembre y octubre, nuevamente con la idea de no contribuir a la inflación. Aunque mejoró en relación a las primarias, Cambiemos perdió las elecciones generales contra el Frente de Todos.