(ECOMEDIOS) – En diálogo con Eco Medios AM 1220, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Santiago del Estero, Pedro Llorvandi, trazó un crudo panorama sobre la actualidad de las pequeñas y medianas empresas argentinas y advirtió que la caída del consumo, el aumento permanente de costos y las distorsiones energéticas están llevando al límite a numerosos sectores productivos.

El dirigente empresario describió una economía fragmentada, donde conviven actividades beneficiadas por el contexto internacional con otras que enfrentan serias dificultades para sostenerse. “Hoy existen dos realidades completamente distintas en la Argentina. Hay sectores vinculados a la minería o al petróleo que muestran crecimiento por el clima de negocios internacional, pero del otro lado están las pymes que todos los días pelean para sobrevivir”, remarcó.

Llorvandi sostuvo que la retracción del consumo golpea especialmente a las economías regionales y a las estaciones de servicio, que deben afrontar fuertes aumentos operativos mientras las ventas no logran recuperarse. En ese contexto, alertó que muchas empresas trabajan con márgenes mínimos y con enormes dificultades para mantener el empleo.

Uno de los puntos más críticos señalados por el titular de la cámara santiagueña fue el incremento del precio del gas y su impacto sobre el GNC. Según explicó, el valor del combustible comprimido perdió competitividad pese a que el país posee abundantes reservas naturales. “Resulta difícil entender cómo teniendo gas en cantidades importantes, los costos terminan siendo tan elevados para el consumidor y para las estaciones”, cuestionó.

Además, relacionó esta situación con el escenario internacional y las consecuencias derivadas de los conflictos bélicos que alteraron los mercados energéticos globales. A su entender, muchas de esas variables externas terminaron repercutiendo de manera directa en los precios internos, generando un fuerte desequilibrio financiero para los expendedores.

El empresario también apuntó contra el funcionamiento de ciertos grandes proyectos petroleros y mineros, al considerar que en numerosos casos no existe una integración suficiente de mano de obra local ni un derrame económico proporcional en las comunidades donde se desarrollan las inversiones. “Cuando la riqueza no llega a la gente, aparecen el malestar y la frustración”, afirmó.

Finalmente, Llorvandi pidió construir consensos que permitan “amalgamar las dos Argentinas” y reclamó políticas que contemplen las necesidades de las pequeñas empresas, a las que definió como generadoras genuinas de empleo y motor indispensable de las economías regionales. Según planteó, escuchar la voz de los empresarios pymes resulta clave para comprender la magnitud de la crisis y encontrar soluciones sostenibles para el sector productivo.

(SURTIDORES) Cámaras empresarias comenzaron a trabajar junto a operadores de todo el país en una revisión técnica de los contratos firmes de abastecimiento. El objetivo apunta a determinar cuánto volumen de capacidad quedó ocioso durante los últimos años para adecuar los cargos a la demanda real.

Estaciones de GNC quieren renegociar la capacidad contratada con las distribuidoras de gas
La mayoría de las estaciones afrontan costos elevados por capacidad contratada que finalmente no utilizan
El comportamiento que viene mostrando el mercado del GNC durante los últimos años abrió un nuevo frente de discusión entre las Estaciones de Servicio y las distribuidoras de gas. Frente a un escenario donde gran parte de los operadores mantiene volúmenes de despacho similares desde hace tiempo, las cámaras empresarias comenzaron a elaborar una estrategia destinada a revisar uno de los componentes que más peso tiene dentro de la estructura operativa del negocio: la reserva de capacidad asociada a los contratos firmes de abastecimiento.

En diálogo con Surtidores, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Rosario, Juan Manuel Rumin, explicó que comenzaron a evaluar un esquema de asistencia técnica para que cada operador pueda reconstruir el historial de reservas abonadas durante los últimos años y compararlo con el consumo efectivo registrado. La intención consiste en elaborar un análisis puntual de cada caso y, a partir de esa información, abrir conversaciones con las distribuidoras para presentar contrapropuestas contractuales ajustadas a la realidad operativa de cada estación.
Los nuevos contratos traerán más control, digitalización total y un abastecimiento cada vez más concentrado en la Cuenca Neuquina, con impacto directo en la operatoria diaria de las estaciones.
“Estamos analizando asesorar a las estaciones para que hagan un historial de toda la reserva pagada en las facturas de contratos firmes y, a partir de ahí, elaborar un cálculo puntual de cada situación”, señaló el dirigente empresario, quien remarcó que actualmente existen establecimientos que afrontan costos elevados por capacidad contratada que finalmente no utilizan.

Dentro del esquema vigente, los contratos firmes garantizan abastecimiento aun cuando el sistema gasífero entra en tensión por el incremento del consumo residencial durante el invierno. A cambio de esa prioridad, las estaciones deben pagar una reserva permanente de capacidad calculada sobre determinado volumen comprometido. El problema, según sostienen desde las cámaras empresarias, es que muchos de esos parámetros quedaron desactualizados frente a la realidad actual y generan costos que, en numerosos casos, dejaron de guardar relación con el nivel efectivo de despacho.

El dirigente explicó que el nuevo relevamiento permitirá detectar situaciones muy diferentes entre estaciones con altos niveles de suministro y otras donde el volumen descendió significativamente respecto de las proyecciones iniciales. Por ese motivo, consideran que una negociación uniforme para todo el país resultaría insuficiente y sostienen que cada operador necesitará un análisis técnico específico para discutir nuevas condiciones con las distribuidoras.

La discusión también se desarrolla junto con otra iniciativa impulsada por las entidades empresarias, orientada a gestionar ante organismos nacionales un esquema que permita a todas las estaciones operar mediante contratos firmes, aunque sin asumir un cargo fijo de reserva. La propuesta apunta a reducir asimetrías entre operadores y limitar el impacto de las restricciones estacionales aplicadas sobre contratos interrumpibles.
Ante el regreso de las limitaciones de abastecimiento en algunas regiones, desde la Cámara de Expendedores de GNC explicaron que volcarse a un sistema ininterrumpible permite mantener operativas a las estaciones durante los períodos de mayor consumo.
Ese planteo comenzó a tomar fuerza luego de que numerosas estaciones migraran hacia modalidades interrumpibles para aliviar costos operativos. Aunque ese sistema reduce gastos mensuales, también deja a las bocas de carga expuestas a limitaciones temporarias cuando el sistema energético necesita priorizar hogares, hospitales y servicios esenciales.

“Ahora estamos recopilando información de distintas regiones del país para tener parámetros comparativos sobre reservas contratadas, niveles de despacho y capacidad realmente utilizada. Todo este trabajo apunta a transitar esta etapa hasta que logremos eliminar definitivamente el sistema de reserva de capacidad y todas las estaciones puedan operar bajo contratos firmes sin afrontar ese costo fijo”, concluyó Rumin.

Tras las declaraciones del secretario de Trabajo, Julio Cordero, en defensa del proyecto oficial, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Jujuy, Hugo Moisés, analizó el impacto de la reforma laboral y sostuvo que una actualización del marco normativo podría favorecer la registración de trabajadores en el interior del país sin afectar derechos adquiridos.

El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, defendió la reforma laboral impulsada por el Gobierno al asegurar que “no hay detrimento de los derechos esenciales de los trabajadores” y que el proyecto busca adaptar las normas vigentes a los nuevos modelos productivos, con el objetivo de promover el empleo y el desarrollo colectivo.

En ese contexto, Hugo Moisés, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Jujuy, expresó su mirada sobre la iniciativa y consideró que la legislación laboral actual “quedó antigua” frente a la realidad que atraviesan muchas Estaciones de Servicio, en especial aquellas que no operan bajo contrato de bandera.

Según explicó, uno de los principales aportes que podría traer la reforma es la posibilidad de avanzar en una mayor formalización del empleo. “Las estaciones blancas podrían regularizar a una parte importante de sus trabajadores, algo que hoy resulta complejo con el esquema vigente”, señaló en diálogo con Surtidores.

El estacionero sostuvo que la diferenciación de los convenios colectivos de trabajo sería un punto clave para el sector. A su entender, permitiría contemplar las distintas realidades económicas de las estaciones del interior, muchas de las cuales tienen bajo volumen de ventas y operan con márgenes muy ajustados.

En ese sentido, remarcó que no se trata de quitar derechos laborales, sino de generar un marco que contemple las particularidades regionales. “Cada zona del país tiene su propia dinámica y no se le puede exigir lo mismo a una estación del interior profundo que a una ubicada en una gran ciudad”, afirmó.

Otro de los aspectos que destacó el dirigente jujeño es el impacto de la litigiosidad laboral. Advirtió que la denominada “industria del juicio” se transformó en un riesgo concreto para la continuidad de muchas estaciones, aun cuando cumplen con la normativa vigente.

Finalmente, el empresario subrayó que el debate debe darse con cautela y a la espera del texto definitivo de la reforma. En esa línea, sostuvo que una actualización de la ley laboral podría aportar previsibilidad al empleador, proteger el empleo y fortalecer la sustentabilidad de todo el sector expendedor del país.

La operación de una estación de servicio combina exigencias comerciales con estándares de seguridad cada vez más estrictos. Manejo de combustibles, control de personal, cumplimiento normativo, registros obligatorios y auditorías permanentes forman parte de una rutina que genera un volumen creciente de información. En ese contexto, la inteligencia artificial comienza a consolidarse como una herramienta concreta para ordenar datos, reducir errores y mejorar la toma de decisiones en el sector.

Lejos de aplicaciones futuristas, la adopción de IA en estaciones de servicio empieza, en muchos casos, por la automatización de procesos cotidianos. Partes diarios, reportes de incidentes, permisos de trabajo, controles de elementos de protección personal, inspecciones internas y requerimientos regulatorios siguen dependiendo en gran medida de carga manual, planillas y validaciones posteriores, con el consiguiente consumo de tiempo operativo y riesgo de inconsistencias.

Ese esquema, habitual en muchas bocas de expendio, no solo recarga a los equipos, sino que también demora la detección de desvíos y la adopción de medidas preventivas. Es allí donde la inteligencia artificial muestra su impacto más inmediato: ordenar la información, procesarla en tiempo real y convertirla en alertas y acciones concretas para el responsable de la estación.

Uno de los usos más relevantes es la gestión de incidentes y eventos de seguridad. Frente a una situación anómala —desde un derrame menor hasta un accidente laboral—, sistemas basados en IA permiten analizar antecedentes similares, evaluar condiciones operativas y colaborar en la definición de acciones correctivas, facilitando el análisis de causa raíz y el seguimiento posterior.

Algo similar ocurre con el control en playa y áreas operativas. Tecnologías de visión por computadora hacen posible verificar el uso correcto de equipos de protección personal, detectar desvíos en tiempo real y generar alertas tempranas. A esto se suman herramientas de voz a texto que simplifican la carga de reportes desde el lugar de trabajo, sin interrumpir tareas críticas y mejorando la calidad de la información desde su origen.

Con la información estructurada, la IA avanza hacia modelos de predicción que permiten identificar patrones, repeticiones o combinaciones de factores que elevan el riesgo operativo. De este modo, la gestión de la seguridad deja de ser reactiva y comienza a apoyarse en datos anticipados, con recomendaciones accionables para el operador o el empresario estacionero.

Sebastián Rinaldi, especialista en inteligencia artificial aplicada a operaciones y fundador de la firma tecnológica Laburen.com, sostuvo que en actividades sensibles como las estaciones de servicio “la IA no puede limitarse a mostrar datos, sino que debe integrarse al trabajo diario y asistir en la toma de decisiones operativas”. En ese sentido, remarcó que el valor de estas herramientas aparece cuando “se hacen cargo de tareas repetitivas y liberan a los equipos para enfocarse en control, prevención y criterio”.

Si bien la velocidad de avance tecnológico supera a la de adopción en el sector, desde el ámbito técnico coinciden en que el camino más sólido no pasa por soluciones complejas, sino por automatizar primero aquello que hoy consume tiempo, genera fricción y tiene impacto directo en la seguridad y la eficiencia operativa.

Para las estaciones de servicio, el desafío y la oportunidad están planteados. Transformar datos operativos en decisiones concretas, reducir tareas manuales y anticipar riesgos puede marcar la diferencia en un entorno cada vez más exigente en materia regulatoria, operativa y de responsabilidad empresaria.

La nueva ley que debatirá el Congreso en estos días para regular el empleo, incorpora cambios tributarios de interés para los estacioneros. Nuevas alícuotas de contribuciones patronales, una baja en el aporte a la obra social, la creación de un fondo para desvinculaciones y un régimen de regularización con quitas mínimas del 70 por ciento.

Mientras el debate público suele concentrarse en los aspectos más visibles de la llamada “reforma laboral”, en el articulado del proyecto se esconde un capítulo clave para las Estaciones de Servicio: el tributario. Así lo advirtió el tributarista Diego Fraga, en diálogo con Surtidores, al poner el foco en las modificaciones sobre cargas sociales que, de aprobarse, tendrán un efecto directo en la estructura de costos del sector.

“Hay una parte bien tributaria de la reforma que le pega de lleno a las Estaciones de Servicio”, explicó el especialista, al analizar el esquema de contribuciones patronales que propone la iniciativa. Según detalló el entrevistado, se establecen dos alícuotas diferenciadas: una del 17,40 por ciento para empleadores privados cuya actividad principal encuadre en Servicios o Comercio y cuyas ventas anuales superen el tope de empresa mediana tramo 2, y otra del 15 por ciento para el resto de los empleadores privados.

En la práctica, el experto impositivo señaló que muchas Estaciones de Servicio podrían quedar alcanzadas por la alícuota más alta, dependiendo de su facturación anual y de cómo sean encuadradas por la autoridad de aplicación. “Ahí aparece un punto sensible, porque no es lo mismo tributar 15 que 17,40 por ciento en un negocio de márgenes ajustados”, advirtió.

Otro de los cambios relevantes se da en materia de obra social. El proyecto sustituye el esquema vigente de la Ley 23.660 y fija una contribución patronal del 5 por ciento. De acuerdo al análisis de Fraga, la lectura práctica es una baja respecto del 6 por ciento actual, aunque aclaró que habrá que ver cómo se articula el nuevo sistema y cuál es el impacto real sobre el costo laboral total.

Uno de los puntos más novedosos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pensado para cubrir obligaciones típicas de las desvinculaciones laborales. Este fondo se financiaría con una contribución mensual obligatoria del 3 por ciento sobre la base SIPA. Según explicó el entrevistado, la reglamentación podría canalizar el pago a través de ARCA, el nuevo organismo recaudador.

En ese marco, el especialista destacó un aspecto que puede resultar atractivo para los empleadores: quienes cumplan con el aporte al FAL accederían a una reducción de tres puntos porcentuales en la contribución patronal al SIPA. “Es un esquema de ida y vuelta, con controles de ARCA, que habrá que analizar finamente para ver si compensa o no”, sostuvo el experto impositivo.

La iniciativa también incluye un régimen de regularización laboral, denominado PER, que habilita a blanquear empleo no registrado o deficientemente registrado. El entrevistado explicó que la ley fija un piso claro: la reglamentación deberá contemplar condonaciones que no pueden ser inferiores al 70 por ciento de lo adeudado, además de beneficios accesorios que dependerán del diseño final.

Para Fraga, este punto puede representar una ventana de oportunidad para el sector, históricamente atravesado por tensiones en materia laboral y fiscal. Sin embargo, advirtió que todo dependerá de cómo se instrumente la reglamentación y del grado de previsibilidad que otorgue el nuevo esquema.