El litro de súper escaló más del 41% desde enero. El atraso cambiario y el aumento de la carga impositiva son algunos de los factores del encarecimiento de los combustibles.
13 de diciembre 2025, 05:30hs

Los precios de los combustibles aumentaron por encima de inflación acumulada en lo que va de 2025. El litro de nafta súper escaló 41,15% y el de premium 31,31%. El índice de precios al consumidor alcanzó 27,9% hasta noviembre, según datos del Indec.

El litro de nafta súper inició el año en $1108 y el de mayor calidad $1370. Mientras, el gasoil se vendía a $1123 y registra un alza de 29%. En promedio, hoy se consiguen en torno a los $1630 y $1850 en CABA.

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En particular, el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles que mide el Indec anotó un alza del 37% desde enero y 44,2% medido de forma interanual.
En agosto, la petrolera YPF tomó la decisión de dejar de informar los aumentos de los combustibles, a partir de la aplicación de una nueva tecnología para segmentar los precios en surtidores según la demanda y la zona, entre otros factores.

Desde entonces, se manejan con precios dinámicos que pueden variar a diario. Para eso, dividieron el país en 174 corredores.

Las principales causas de los aumentos de la nafta y el gasoil
Aun sin información previa desde las empresas del sector, en los surtidores se evidencian los aumentos de la nafta y el gasoil y las quejas se multiplican en las redes.

Los movimientos en los surtidores se explican por tres factores. En primer lugar, el atraso en los precios de los combustibles. El año pasado escalaron 100%, por lo que quedaron por debajo de la inflación que cerró el 2024 en 117,8%, según el INDEC.

El alza también se dio ante el encarecimiento del tipo de cambio mayorista. El dólar mayorista subió 39% en lo que va del año.
Las actualizaciones de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) y de los biocombustibles fue otra de las causas del ajuste en las pizarras de las estaciones de servicio. Las cargas impositivas anotaron una suba cercana a 50%.

Pese a los aumentos de la nafta y el gasoil, el precio internacional del barril de petróleo cayó unos 10 dólares en el último año, de US$74 a menos de US$64. El valor del Brent forma parte de la estructura de precios de todos los combustibles a nivel mundial.

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Cuál es el precio de la nafta en los distintos puntos del país
En la Ciudad de Buenos Aires, en promedio se consigue la súper de YPF a $1630 el litro y la premium a $1850. En tanto, en los municipios del Gran Buenos Aires, como es habitual, los combustibles están más caros que en CABA.

Así, en el corredor sur del AMBA (Berazategui), la súper se vende a $1754 y la premium a $2095, en la red de estaciones de servicio de la petrolera Raizen, que comercializa los combustibles Shell.

Por fuera del AMBA, los valores son también son más elevados. Por ejemplo, el combustible en Misiones es uno de los más caros: la súper se comercializa a $1751 y la premium llega a $1993.

En el caso de Santa Fe, la nafta súper se vende a $1729 y la premium a $1945. Valores similares rigen en Córdoba, donde el litro de súper cuesta $1741 y la premium $2019 en Shell.

(Fuente Surtidores.com.ar)- La Secretaría de Energía dio un paso decisivo para transformar el esquema de abastecimiento de combustibles en Argentina. A través de la Resolución 504/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó por primera vez un régimen integral que regula la instalación, operación y fiscalización de Estaciones de Servicio móviles y estaciones modulares portátiles, formalizando una modalidad que hasta ahora no contaba con un marco homogéneo y que promete modificar la distribución territorial del combustible, especialmente en regiones alejadas o sin bocas de expendio fijas.

La norma reconoce que miles de localidades del país continúan sin Estaciones de Servicio en un radio razonable, lo que obliga a los habitantes a recorrer kilómetros para abastecerse. Ante ese diagnóstico, el Gobierno apuesta a una alternativa que considera más ágil, económica y flexible: unidades móviles y modulares capaces de ser instaladas, reubicadas o retiradas con rapidez, y que cumplen con estándares internacionales como UL-2085, NFPA 385 y ADR. El objetivo es ampliar la cobertura, reducir costos logísticos y favorecer el desarrollo local, bajo un esquema que refuerza la seguridad y la trazabilidad.

La habilitación de Estaciones de Servicio móviles y el autoservicio en combustibles son las medidas clave del nuevo Decreto del Ministerio de Desregulación. Estas innovaciones buscan optimizar costos, fomentar el consumo y atender demandas estacionales en zonas turísticas.
El nuevo régimen incorpora a los operadores de estaciones móviles al Registro de Bocas de Expendio creado por la Resolución 1102/2004, les exige cumplir con los requisitos registrales vigentes y suma nuevas obligaciones específicas vinculadas a la documentación técnica, seguros, habilitaciones locales, auditorías de seguridad, planes de contingencia y garantía económica para operar. Además, todas las estaciones móviles —tanto modulares como cisternas— deberán declarar precios y volúmenes en el Módulo de Información de Precios y Volúmenes de Combustibles, equiparándose al sistema que rige para las bocas fijas.

Uno de los puntos más relevantes y discutidos es el tratamiento tributario: hasta que existan sistemas de control que permitan verificar en tiempo real dónde se realizan las operaciones de expendio, las estaciones móviles cisternas tributarán como si operaran en zonas no exentas, sin aplicar los beneficios impositivos previstos para regiones patagónicas o áreas promocionadas. El Gobierno argumenta que esta medida evita desvíos oportunistas y resguarda la integridad del impuesto a los combustibles líquidos.

La resolución también introduce un régimen sancionatorio que remite a las leyes 26.022 y 13.660, con penalidades por incumplimientos que incluyen multas, suspensiones y bajas del registro. La Subsecretaría de Combustibles Líquidos queda como autoridad de fiscalización y control, con capacidad para autorizar instalaciones, supervisar documentación, verificar condiciones técnicas y aplicar sanciones.

El Anexo I de la norma establece un detallado procedimiento para las estaciones modulares portátiles, verdaderos “containers energéticos” con tanques de acero doble pared (hasta 40 m³), dispensadores, sistemas de ventilación, detectores de pérdidas, válvulas automáticas, alarmas de sobrellenado, protección antivandálica y limitaciones estrictas a la operación. Entre las exigencias figuran bases de hormigón armado, sistemas de contención de derrames, defensas de impacto, iluminación apta para áreas clasificadas, extintores, señalética, control de inventarios y capacitación obligatoria del personal. Bajo ninguna circunstancia pueden moverse cargadas con combustible, y el despacho puede realizarse en modo asistido o de autodespacho, alineado con la Resolución 147/2025.

El Anexo II regula las Estaciones de Servicio móviles cisternas, definidas como vehículos tanque montados sobre chasis, autorizados exclusivamente a reabastecerse mediante carga ventral en terminales habilitadas. No pueden usar surtidores convencionales para cargar, no pueden operar en modo autodespacho y su capacidad máxima es de 4.500 litros. Deben poder evacuar el predio en menos de tres minutos ante una emergencia y deben operar siempre en espacios abiertos, sin posibilidad de despachar en edificios, cocheras, calles ni vía pública. También se imponen distancias mínimas respecto de edificaciones, fuentes de ignición, tendidos eléctricos y desagües.

La seguridad operativa ocupa un capítulo central: mangueras de hasta 15 metros con dispositivos breakaway, bombas y válvulas certificadas para zonas clasificadas, boquillas de cierre automático sin seguro, sistemas de bloqueo eléctrico entre unidad y vehículo abastecido, prohibición de operar con el motor encendido, kits de control de derrames, custodia permanente y planes de contingencia aprobados. Estas unidades deben mantener encendidos únicamente los sistemas eléctricos independientes del tractor y estar dotadas de bandejas colectoras, cerco de seguridad portátil y cartelería visible.

Ambas modalidades —modular y cisterna— requieren auditorías de seguridad anuales bajo los protocolos establecidos en el Anexo III, y la obtención del alta en un plazo de hasta 45 días desde la presentación de la documentación. Una vez autorizadas, las unidades quedan habilitadas para operar siempre que también cumplan con las normas y permisos establecidos por cada jurisdicción provincial o municipal.

La resolución marca un hito al avanzar en la modernización del sistema de expendio de combustibles en un contexto en el que la Secretaría de Energía busca promover la libre concurrencia, la innovación, la eficiencia operativa y el desarrollo regional. Las estaciones móviles, que ya funcionan en múltiples países, se proyectan ahora como una herramienta clave para asegurar el abastecimiento en zonas rurales, corredores productivos, obras viales, explotaciones agrícolas, pequeños poblados y regiones con baja densidad poblacional.

Para el sector, la normativa abre un nuevo mercado, pero también eleva la vara de las exigencias, lo que obligará a operadores, fabricantes, auditores y autoridades locales a adaptarse rápidamente. La regulación apunta a equilibrar flexibilidad con estándares estrictos, garantizando que la reducción de costos no implique riesgos para las personas, el ambiente ni la infraestructura.

(Surtidores) – La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la desvinculación de un trabajador acusado de realizar maniobras fraudulentas. El fallo destacó la pérdida de confianza y rechazó el reclamo indemnizatorio.

La Justicia determinó que la sobrefacturación de combustibles constituye causal de despido sin indemnización

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió una sentencia (CAUSA N° 6.750/2021/CA1 – SALAIV) que confirmó el despido con causa de un trabajador de una Estación de Servicio, desvinculado tras ser acusado de realizar irregularidades en el cobro de cargas de combustible. El tribunal rechazó el recurso presentado por la parte actora contra el fallo de primera instancia y consideró acreditada la existencia de una falta grave que justificó la medida adoptada.

El caso se originó a raíz de la denuncia de un cliente que detectó diferencias entre el combustible efectivamente cargado y el monto facturado en su cuenta corriente. Una revisión posterior de los registros permitió establecer que el empleado había cargado un importe menor en el surtidor, pero había emitido un ticket por una suma mayor, sin que la diferencia apareciera en la caja al cierre del turno.
Un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la validez de una desvinculación por pérdida de confianza. La sentencia puso el acento en la gravedad de los incumplimientos y en la importancia de resguardar la buena fe en las relaciones laborales.
El trabajador despedido sostuvo en la demanda que la medida había sido arbitraria, reclamó las indemnizaciones correspondientes a un despido sin causa y cuestionó los honorarios fijados a su representación letrada. También objetó la valoración de las pruebas realizada en primera instancia. Sin embargo, la Cámara desestimó los planteos, señalando que los testimonios y la documentación incorporada al expediente daban cuenta de una conducta reprochable y reiterada.

Durante el juicio, varios testigos coincidieron en señalar que el trabajador había incurrido en maniobras similares en el pasado, lo que había motivado sanciones disciplinarias previas, entre ellas suspensiones y apercibimientos. Una de las declaraciones más relevantes indicó que la diferencia entre lo cargado y lo facturado fue verificada en el sistema y en las cámaras de seguridad, y que al ser confrontado, el empleado no negó los hechos ni ofreció una explicación.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó que la desvinculación de una empleada fue sin causa justificada. El tribunal condenó solidariamente a la petrolera y a la operadora a pagar indemnizaciones, salarios caídos, multas legales y costas.
Los jueces remarcaron que este comportamiento constituyó un incumplimiento grave de los deberes de buena fe y lealtad que deben regir la relación laboral. En ese sentido, consideraron que la maniobra afectó la confianza indispensable para la continuidad del vínculo, configurando una injuria que tornaba imposible su prosecución.

En consecuencia, el tribunal determinó que el despido directo se encontraba plenamente justificado y que no correspondía otorgar las indemnizaciones previstas por la Ley de Contrato de Trabajo ni por normas complementarias. Asimismo, rechazó el planteo sobre los honorarios profesionales, dejando firmes los montos fijados en primera instancia.

La sentencia también destacó que la existencia de antecedentes disciplinarios de similares características reforzó la decisión de la empleadora. Para la Cámara, la reiteración de conductas fraudulentas en operaciones con clientes agravó la situación y terminó de consolidar la pérdida de confianza.

(MEJOR ENERGIA) – Andrés Repar, experto en energía planteó la posibilidad de utilizar el gas de Vaca Muerta para bajar tarifas en el mercado interno y reactivar la industria local.
Durante su participación en la Argentina Oil & Gas Expo 2025, el vicepresidente del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, Andrés Repar, expuso una visión crítica sobre el rumbo energético que atraviesa Argentina.

Si bien reconoció el potencial de Vaca Muerta como recurso estratégico, cuestionó con dureza que el país haya optado por “exportar materia prima sin garantizar el desarrollo industrial interno”.

Para Repar, Argentina está construyendo una dependencia estructural del complejo exportador de gas y petróleo, sin asegurar que ese crecimiento beneficie directamente a la población. «Tenemos reservas para 180 años, pero pagamos tarifas altísimas. Eso no es soberanía energética, es transferencia de recursos», aseguró.

Uno de los puntos más sensibles de su análisis fue el costo del gas dentro del país. Repar afirmó que los precios que pagan tanto hogares como industrias están muy por encima de los valores internacionales, lo cual impide que la producción local se transforme en una ventaja competitiva.

“Mientras en países como Estados Unidos o Canadá el gas barato impulsó la reindustrialización, en Argentina lo usamos para engrosar cuentas de exportación y no para recuperar el aparato productivo”, señaló, en referencia a una matriz que considera desbalanceada.

Repar también apuntó contra la decisión del Estado de retirarse de las obras públicas energéticas, dejando la infraestructura en manos del sector privado. A su entender, esto responde a una visión de corto plazo que ignora el rol estratégico del gas como bien público.

“No se puede delegar el desarrollo energético en quienes solo buscan rentabilidad inmediata. Sin planificación estatal, nunca vamos a garantizar el acceso a energía a precios justos en todo el país”, sostuvo.

Otro de los focos de preocupación fue el retraso en la construcción de infraestructura para Gas Natural Licuado (GNL). Según Repar, esta demora le impide a la Argentina competir con otros exportadores internacionales, que ya cuentan con políticas activas, financiamiento y previsibilidad regulatoria.

“La competencia en el mercado global de gas es feroz. Si seguimos discutiendo el marco legal en lugar de construir plantas y asegurar contratos, vamos a llegar tarde”, advirtió.

En su análisis, Repar comparó el modelo energético argentino con los de Estados Unidos, Qatar y Canadá, países que lograron combinar exportación con desarrollo interno. También alertó sobre la falta de estrategia frente a actores como China y Estados Unidos, que están avanzando en acuerdos bilaterales donde Argentina aparece con escasa capacidad de negociación.

“La política energética no puede estar desconectada de la política exterior. Necesitamos definir con quién comerciamos y para qué, no vender por vender”, sentenció.

(Surtidores) – Con el respaldo de una extensa documentación administrativa y judicial, las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de Estaciones de Servicio elevaron al Ministerio de Capital Humano de la Nación la denuncia formal de dos Convenios Colectivos de Trabajo. La presentación fue realizada por Carlos Acuña, en su doble carácter de Secretario General SOESGYPE y FOESGRA.

La denuncia se sustenta en la vigencia vencida y en la existencia de un marco convencional más favorable para los trabajadores, como es el CCT 488/07, celebrado con la Federación de Entidades de Combustibles y vigente a nivel nacional desde su homologación en 2007 y su ampliación territorial en 2019.

La derogación de los fondos convencionales y su impacto en los Convenios Colectivos de Trabajo
Según especialistas jurídicos, éste temperamento que tomó el Gobierno Nacional debería allanar el camino hacia la implementación de acuerdos por empresa.
De acuerdo con el escrito presentado ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulación del Trabajo, los acuerdos vencidos se encuentran en una situación de “ultraactividad” —es decir, prorrogados tácitamente— pese a que contiene cláusulas que, según las organizaciones gremiales, perjudican a los trabajadores en relación con los beneficios establecidos en el 488/07.

Uno de los puntos centrales del reclamo es la coexistencia de ambos convenios sobre un mismo universo de trabajadores. En ese solapamiento se da una situación que las entidades sindicales consideran injusta: operarios que desempeñan las mismas funciones bajo marcos normativos distintos, con condiciones laborales desiguales.

Entre las diferencias clave se destacan los adicionales por antigüedad y formación, el reconocimiento del “día femenino” y el pago de horas extra los fines de semana y feriados. Y, en el punto más conflictivo, se expuso que los empleadores que aplican dichos convenios interpretan su redacción para evitar pagar el recargo por horas trabajadas los sábados después de las 13, domingos y feriados.

La entidad gremial asegura haber agotado todas las instancias de diálogo posibles para equiparar las condiciones laborales. A tal fin, presentaron sucesivas solicitudes ante el Ministerio para iniciar una renegociación. Sin embargo, según detallaron, no tuvieron respuesta para iniciar dicho proceso.

Empleados de Estaciones de Servicio presentarán reclamos ante la Secretaría de Trabajo para debatir los convenios colectivos
El gremio que agrupa a los trabajadores del sector anticipó que hará presentaciones formales ante la negativa de las cámaras empresariales a sentarse a negociar la actualización de los convenios colectivos. “Nos tildan de antiguos, pero no quieren discutir nada”, expresó Carlos Acuña (h).
Asimismo el reclamo se funda en un antecedente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala V, falló a favor de un trabajador afiliado a SOESGYPE, con base en la doctrina de la Corte Suprema en el caso “ASIMRA c/ Volkswagen Argentina S.A.” y el principio de norma más favorable.

A la luz de estos antecedentes, Acuña expresó que no es posible continuar con las negociaciones ya que implica la convalidación de normas que en los hechos perjudican a los empleados del sector. La denuncia, aclara, no pretende abrir una instancia probatoria ni profundizar el conflicto, sino formalizar el pedido de actualización y ajuste de condiciones laborales para equiparar los derechos de todos los trabajadores de Estaciones de Servicio, sin distinción geográfica o institucional. No obstante, sostuvo que en el caso de que eso no suceda, “lo que sigue debe ser la finalización de la ultraactividad”.