Tras las declaraciones del secretario de Trabajo, Julio Cordero, en defensa del proyecto oficial, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Jujuy, Hugo Moisés, analizó el impacto de la reforma laboral y sostuvo que una actualización del marco normativo podría favorecer la registración de trabajadores en el interior del país sin afectar derechos adquiridos.

El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, defendió la reforma laboral impulsada por el Gobierno al asegurar que “no hay detrimento de los derechos esenciales de los trabajadores” y que el proyecto busca adaptar las normas vigentes a los nuevos modelos productivos, con el objetivo de promover el empleo y el desarrollo colectivo.

En ese contexto, Hugo Moisés, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Jujuy, expresó su mirada sobre la iniciativa y consideró que la legislación laboral actual “quedó antigua” frente a la realidad que atraviesan muchas Estaciones de Servicio, en especial aquellas que no operan bajo contrato de bandera.

Según explicó, uno de los principales aportes que podría traer la reforma es la posibilidad de avanzar en una mayor formalización del empleo. “Las estaciones blancas podrían regularizar a una parte importante de sus trabajadores, algo que hoy resulta complejo con el esquema vigente”, señaló en diálogo con Surtidores.

El estacionero sostuvo que la diferenciación de los convenios colectivos de trabajo sería un punto clave para el sector. A su entender, permitiría contemplar las distintas realidades económicas de las estaciones del interior, muchas de las cuales tienen bajo volumen de ventas y operan con márgenes muy ajustados.

En ese sentido, remarcó que no se trata de quitar derechos laborales, sino de generar un marco que contemple las particularidades regionales. “Cada zona del país tiene su propia dinámica y no se le puede exigir lo mismo a una estación del interior profundo que a una ubicada en una gran ciudad”, afirmó.

Otro de los aspectos que destacó el dirigente jujeño es el impacto de la litigiosidad laboral. Advirtió que la denominada “industria del juicio” se transformó en un riesgo concreto para la continuidad de muchas estaciones, aun cuando cumplen con la normativa vigente.

Finalmente, el empresario subrayó que el debate debe darse con cautela y a la espera del texto definitivo de la reforma. En esa línea, sostuvo que una actualización de la ley laboral podría aportar previsibilidad al empleador, proteger el empleo y fortalecer la sustentabilidad de todo el sector expendedor del país.

La operación de una estación de servicio combina exigencias comerciales con estándares de seguridad cada vez más estrictos. Manejo de combustibles, control de personal, cumplimiento normativo, registros obligatorios y auditorías permanentes forman parte de una rutina que genera un volumen creciente de información. En ese contexto, la inteligencia artificial comienza a consolidarse como una herramienta concreta para ordenar datos, reducir errores y mejorar la toma de decisiones en el sector.

Lejos de aplicaciones futuristas, la adopción de IA en estaciones de servicio empieza, en muchos casos, por la automatización de procesos cotidianos. Partes diarios, reportes de incidentes, permisos de trabajo, controles de elementos de protección personal, inspecciones internas y requerimientos regulatorios siguen dependiendo en gran medida de carga manual, planillas y validaciones posteriores, con el consiguiente consumo de tiempo operativo y riesgo de inconsistencias.

Ese esquema, habitual en muchas bocas de expendio, no solo recarga a los equipos, sino que también demora la detección de desvíos y la adopción de medidas preventivas. Es allí donde la inteligencia artificial muestra su impacto más inmediato: ordenar la información, procesarla en tiempo real y convertirla en alertas y acciones concretas para el responsable de la estación.

Uno de los usos más relevantes es la gestión de incidentes y eventos de seguridad. Frente a una situación anómala —desde un derrame menor hasta un accidente laboral—, sistemas basados en IA permiten analizar antecedentes similares, evaluar condiciones operativas y colaborar en la definición de acciones correctivas, facilitando el análisis de causa raíz y el seguimiento posterior.

Algo similar ocurre con el control en playa y áreas operativas. Tecnologías de visión por computadora hacen posible verificar el uso correcto de equipos de protección personal, detectar desvíos en tiempo real y generar alertas tempranas. A esto se suman herramientas de voz a texto que simplifican la carga de reportes desde el lugar de trabajo, sin interrumpir tareas críticas y mejorando la calidad de la información desde su origen.

Con la información estructurada, la IA avanza hacia modelos de predicción que permiten identificar patrones, repeticiones o combinaciones de factores que elevan el riesgo operativo. De este modo, la gestión de la seguridad deja de ser reactiva y comienza a apoyarse en datos anticipados, con recomendaciones accionables para el operador o el empresario estacionero.

Sebastián Rinaldi, especialista en inteligencia artificial aplicada a operaciones y fundador de la firma tecnológica Laburen.com, sostuvo que en actividades sensibles como las estaciones de servicio “la IA no puede limitarse a mostrar datos, sino que debe integrarse al trabajo diario y asistir en la toma de decisiones operativas”. En ese sentido, remarcó que el valor de estas herramientas aparece cuando “se hacen cargo de tareas repetitivas y liberan a los equipos para enfocarse en control, prevención y criterio”.

Si bien la velocidad de avance tecnológico supera a la de adopción en el sector, desde el ámbito técnico coinciden en que el camino más sólido no pasa por soluciones complejas, sino por automatizar primero aquello que hoy consume tiempo, genera fricción y tiene impacto directo en la seguridad y la eficiencia operativa.

Para las estaciones de servicio, el desafío y la oportunidad están planteados. Transformar datos operativos en decisiones concretas, reducir tareas manuales y anticipar riesgos puede marcar la diferencia en un entorno cada vez más exigente en materia regulatoria, operativa y de responsabilidad empresaria.

La nueva ley que debatirá el Congreso en estos días para regular el empleo, incorpora cambios tributarios de interés para los estacioneros. Nuevas alícuotas de contribuciones patronales, una baja en el aporte a la obra social, la creación de un fondo para desvinculaciones y un régimen de regularización con quitas mínimas del 70 por ciento.

Mientras el debate público suele concentrarse en los aspectos más visibles de la llamada “reforma laboral”, en el articulado del proyecto se esconde un capítulo clave para las Estaciones de Servicio: el tributario. Así lo advirtió el tributarista Diego Fraga, en diálogo con Surtidores, al poner el foco en las modificaciones sobre cargas sociales que, de aprobarse, tendrán un efecto directo en la estructura de costos del sector.

“Hay una parte bien tributaria de la reforma que le pega de lleno a las Estaciones de Servicio”, explicó el especialista, al analizar el esquema de contribuciones patronales que propone la iniciativa. Según detalló el entrevistado, se establecen dos alícuotas diferenciadas: una del 17,40 por ciento para empleadores privados cuya actividad principal encuadre en Servicios o Comercio y cuyas ventas anuales superen el tope de empresa mediana tramo 2, y otra del 15 por ciento para el resto de los empleadores privados.

En la práctica, el experto impositivo señaló que muchas Estaciones de Servicio podrían quedar alcanzadas por la alícuota más alta, dependiendo de su facturación anual y de cómo sean encuadradas por la autoridad de aplicación. “Ahí aparece un punto sensible, porque no es lo mismo tributar 15 que 17,40 por ciento en un negocio de márgenes ajustados”, advirtió.

Otro de los cambios relevantes se da en materia de obra social. El proyecto sustituye el esquema vigente de la Ley 23.660 y fija una contribución patronal del 5 por ciento. De acuerdo al análisis de Fraga, la lectura práctica es una baja respecto del 6 por ciento actual, aunque aclaró que habrá que ver cómo se articula el nuevo sistema y cuál es el impacto real sobre el costo laboral total.

Uno de los puntos más novedosos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pensado para cubrir obligaciones típicas de las desvinculaciones laborales. Este fondo se financiaría con una contribución mensual obligatoria del 3 por ciento sobre la base SIPA. Según explicó el entrevistado, la reglamentación podría canalizar el pago a través de ARCA, el nuevo organismo recaudador.

En ese marco, el especialista destacó un aspecto que puede resultar atractivo para los empleadores: quienes cumplan con el aporte al FAL accederían a una reducción de tres puntos porcentuales en la contribución patronal al SIPA. “Es un esquema de ida y vuelta, con controles de ARCA, que habrá que analizar finamente para ver si compensa o no”, sostuvo el experto impositivo.

La iniciativa también incluye un régimen de regularización laboral, denominado PER, que habilita a blanquear empleo no registrado o deficientemente registrado. El entrevistado explicó que la ley fija un piso claro: la reglamentación deberá contemplar condonaciones que no pueden ser inferiores al 70 por ciento de lo adeudado, además de beneficios accesorios que dependerán del diseño final.

Para Fraga, este punto puede representar una ventana de oportunidad para el sector, históricamente atravesado por tensiones en materia laboral y fiscal. Sin embargo, advirtió que todo dependerá de cómo se instrumente la reglamentación y del grado de previsibilidad que otorgue el nuevo esquema.

El litro de súper escaló más del 41% desde enero. El atraso cambiario y el aumento de la carga impositiva son algunos de los factores del encarecimiento de los combustibles.
13 de diciembre 2025, 05:30hs

Los precios de los combustibles aumentaron por encima de inflación acumulada en lo que va de 2025. El litro de nafta súper escaló 41,15% y el de premium 31,31%. El índice de precios al consumidor alcanzó 27,9% hasta noviembre, según datos del Indec.

El litro de nafta súper inició el año en $1108 y el de mayor calidad $1370. Mientras, el gasoil se vendía a $1123 y registra un alza de 29%. En promedio, hoy se consiguen en torno a los $1630 y $1850 en CABA.

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En particular, el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles que mide el Indec anotó un alza del 37% desde enero y 44,2% medido de forma interanual.
En agosto, la petrolera YPF tomó la decisión de dejar de informar los aumentos de los combustibles, a partir de la aplicación de una nueva tecnología para segmentar los precios en surtidores según la demanda y la zona, entre otros factores.

Desde entonces, se manejan con precios dinámicos que pueden variar a diario. Para eso, dividieron el país en 174 corredores.

Las principales causas de los aumentos de la nafta y el gasoil
Aun sin información previa desde las empresas del sector, en los surtidores se evidencian los aumentos de la nafta y el gasoil y las quejas se multiplican en las redes.

Los movimientos en los surtidores se explican por tres factores. En primer lugar, el atraso en los precios de los combustibles. El año pasado escalaron 100%, por lo que quedaron por debajo de la inflación que cerró el 2024 en 117,8%, según el INDEC.

El alza también se dio ante el encarecimiento del tipo de cambio mayorista. El dólar mayorista subió 39% en lo que va del año.
Las actualizaciones de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) y de los biocombustibles fue otra de las causas del ajuste en las pizarras de las estaciones de servicio. Las cargas impositivas anotaron una suba cercana a 50%.

Pese a los aumentos de la nafta y el gasoil, el precio internacional del barril de petróleo cayó unos 10 dólares en el último año, de US$74 a menos de US$64. El valor del Brent forma parte de la estructura de precios de todos los combustibles a nivel mundial.

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Cuál es el precio de la nafta en los distintos puntos del país
En la Ciudad de Buenos Aires, en promedio se consigue la súper de YPF a $1630 el litro y la premium a $1850. En tanto, en los municipios del Gran Buenos Aires, como es habitual, los combustibles están más caros que en CABA.

Así, en el corredor sur del AMBA (Berazategui), la súper se vende a $1754 y la premium a $2095, en la red de estaciones de servicio de la petrolera Raizen, que comercializa los combustibles Shell.

Por fuera del AMBA, los valores son también son más elevados. Por ejemplo, el combustible en Misiones es uno de los más caros: la súper se comercializa a $1751 y la premium llega a $1993.

En el caso de Santa Fe, la nafta súper se vende a $1729 y la premium a $1945. Valores similares rigen en Córdoba, donde el litro de súper cuesta $1741 y la premium $2019 en Shell.

(Fuente Surtidores.com.ar)- La Secretaría de Energía dio un paso decisivo para transformar el esquema de abastecimiento de combustibles en Argentina. A través de la Resolución 504/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó por primera vez un régimen integral que regula la instalación, operación y fiscalización de Estaciones de Servicio móviles y estaciones modulares portátiles, formalizando una modalidad que hasta ahora no contaba con un marco homogéneo y que promete modificar la distribución territorial del combustible, especialmente en regiones alejadas o sin bocas de expendio fijas.

La norma reconoce que miles de localidades del país continúan sin Estaciones de Servicio en un radio razonable, lo que obliga a los habitantes a recorrer kilómetros para abastecerse. Ante ese diagnóstico, el Gobierno apuesta a una alternativa que considera más ágil, económica y flexible: unidades móviles y modulares capaces de ser instaladas, reubicadas o retiradas con rapidez, y que cumplen con estándares internacionales como UL-2085, NFPA 385 y ADR. El objetivo es ampliar la cobertura, reducir costos logísticos y favorecer el desarrollo local, bajo un esquema que refuerza la seguridad y la trazabilidad.

La habilitación de Estaciones de Servicio móviles y el autoservicio en combustibles son las medidas clave del nuevo Decreto del Ministerio de Desregulación. Estas innovaciones buscan optimizar costos, fomentar el consumo y atender demandas estacionales en zonas turísticas.
El nuevo régimen incorpora a los operadores de estaciones móviles al Registro de Bocas de Expendio creado por la Resolución 1102/2004, les exige cumplir con los requisitos registrales vigentes y suma nuevas obligaciones específicas vinculadas a la documentación técnica, seguros, habilitaciones locales, auditorías de seguridad, planes de contingencia y garantía económica para operar. Además, todas las estaciones móviles —tanto modulares como cisternas— deberán declarar precios y volúmenes en el Módulo de Información de Precios y Volúmenes de Combustibles, equiparándose al sistema que rige para las bocas fijas.

Uno de los puntos más relevantes y discutidos es el tratamiento tributario: hasta que existan sistemas de control que permitan verificar en tiempo real dónde se realizan las operaciones de expendio, las estaciones móviles cisternas tributarán como si operaran en zonas no exentas, sin aplicar los beneficios impositivos previstos para regiones patagónicas o áreas promocionadas. El Gobierno argumenta que esta medida evita desvíos oportunistas y resguarda la integridad del impuesto a los combustibles líquidos.

La resolución también introduce un régimen sancionatorio que remite a las leyes 26.022 y 13.660, con penalidades por incumplimientos que incluyen multas, suspensiones y bajas del registro. La Subsecretaría de Combustibles Líquidos queda como autoridad de fiscalización y control, con capacidad para autorizar instalaciones, supervisar documentación, verificar condiciones técnicas y aplicar sanciones.

El Anexo I de la norma establece un detallado procedimiento para las estaciones modulares portátiles, verdaderos “containers energéticos” con tanques de acero doble pared (hasta 40 m³), dispensadores, sistemas de ventilación, detectores de pérdidas, válvulas automáticas, alarmas de sobrellenado, protección antivandálica y limitaciones estrictas a la operación. Entre las exigencias figuran bases de hormigón armado, sistemas de contención de derrames, defensas de impacto, iluminación apta para áreas clasificadas, extintores, señalética, control de inventarios y capacitación obligatoria del personal. Bajo ninguna circunstancia pueden moverse cargadas con combustible, y el despacho puede realizarse en modo asistido o de autodespacho, alineado con la Resolución 147/2025.

El Anexo II regula las Estaciones de Servicio móviles cisternas, definidas como vehículos tanque montados sobre chasis, autorizados exclusivamente a reabastecerse mediante carga ventral en terminales habilitadas. No pueden usar surtidores convencionales para cargar, no pueden operar en modo autodespacho y su capacidad máxima es de 4.500 litros. Deben poder evacuar el predio en menos de tres minutos ante una emergencia y deben operar siempre en espacios abiertos, sin posibilidad de despachar en edificios, cocheras, calles ni vía pública. También se imponen distancias mínimas respecto de edificaciones, fuentes de ignición, tendidos eléctricos y desagües.

La seguridad operativa ocupa un capítulo central: mangueras de hasta 15 metros con dispositivos breakaway, bombas y válvulas certificadas para zonas clasificadas, boquillas de cierre automático sin seguro, sistemas de bloqueo eléctrico entre unidad y vehículo abastecido, prohibición de operar con el motor encendido, kits de control de derrames, custodia permanente y planes de contingencia aprobados. Estas unidades deben mantener encendidos únicamente los sistemas eléctricos independientes del tractor y estar dotadas de bandejas colectoras, cerco de seguridad portátil y cartelería visible.

Ambas modalidades —modular y cisterna— requieren auditorías de seguridad anuales bajo los protocolos establecidos en el Anexo III, y la obtención del alta en un plazo de hasta 45 días desde la presentación de la documentación. Una vez autorizadas, las unidades quedan habilitadas para operar siempre que también cumplan con las normas y permisos establecidos por cada jurisdicción provincial o municipal.

La resolución marca un hito al avanzar en la modernización del sistema de expendio de combustibles en un contexto en el que la Secretaría de Energía busca promover la libre concurrencia, la innovación, la eficiencia operativa y el desarrollo regional. Las estaciones móviles, que ya funcionan en múltiples países, se proyectan ahora como una herramienta clave para asegurar el abastecimiento en zonas rurales, corredores productivos, obras viales, explotaciones agrícolas, pequeños poblados y regiones con baja densidad poblacional.

Para el sector, la normativa abre un nuevo mercado, pero también eleva la vara de las exigencias, lo que obligará a operadores, fabricantes, auditores y autoridades locales a adaptarse rápidamente. La regulación apunta a equilibrar flexibilidad con estándares estrictos, garantizando que la reducción de costos no implique riesgos para las personas, el ambiente ni la infraestructura.