El miércoles próximo debería actualizarse según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor que suministra el INDEC. Sin embargo, luego de la decisión de Alberto Fernández de anular el aumento de precios anunciado por YPF, también se dilatará su implementación.

El 1º de enero de 2020 deberá ajustarse nuevamente el coeficiente impositivo que grava las naftas y el gasoil, medida que impactará directamente en los surtidores de las Estaciones de Servicio. Sin embargo el Gobierno dispuso postergar la entrada en vigencia de la medida hasta febrero.

El gravamen fue prorrogado en reiteradas oportunidades debido a que las circunstancias imperantes y la necesaria estabilización de los precios hicieron “necesario amortiguar el impacto que podría derivarse de las referidas actualizaciones, previendo que los mencionados incrementos del impuesto surtan efectos de una manera gradual”, según establecen los decretos que dispusieron el aplazamiento.

Es lo que sucedió en diciembre, afectando solamente un 4,5 por ciento en naftas y 4,07 en gasoil, cuando el ajuste debería haber sido del 12.5 por ciento. Por tal motivo, a partir de enero, el aumento del ICL debería haber sido del 8 por ciento restante en naftas y 8,43 en gasoil.

Si bien aún resta la publicación en el Boletín Oficial, el motivo de la suspensión sería el mismo por el que Alberto Fernández decidió anular el aumento de precios que iba a aplicar YPF desde ayer: El impacto que tendría la medida en el marco del congelamiento de las tarifas de los servicios públicos prevista para los próximos 180 días.

El monto de los impuestos a los combustibles fue modificado tras la sanción de la Ley de Reforma tributaria, pasando de una cifra fija a una variable que se calcula según el Índice de Precios al Consumidor que suministra el INDEC, con el objetivo de amortiguar las variaciones del tipo de cambio.

Por esta política, en estos dos años el Estado nacional habrá dejado de recaudar más de $100.000 millones. La brecha en el último trimestre de 2019 significó casi $7.000 millones menos por mes de ingresos.

El Tribunal Supremo de Salta, decidió tomar en cuenta el pedido de amparo de la Cámara de Expendedores de la Provincia contra una tasa municipal que se cobraba en la localidad de Orán, lo que insumirá un beneficio para los estacioneros de entre 100 y 200 mil pesos mensuales.

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Los Jueces salteños, se expresaron respecto de la ordenanza del año 2017 de la Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán, referida a una contribución de un porcentaje de las facturas de servicios públicos, que incide sobre la ocupación de espacios del dominio público.

Es decir, que los estacioneros estaban obligados a pagar un tributo mensual a la comuna que encarecía sus costos fijos y de acuerdo a lo informado por la CESECA a surtidores.com.ar, “la contribución obligatoria significaba según el contribuyente, entre 100 y 200 mil pesos mensuales de erogación sin ningún tipo de contraprestación por parte del Estado”.

La acción presentada por la Cámara del Sector, encaminó las cosas para que los magistrados considerasen que “el artículo 175 de la Constitución de la Provincia establece que constituyen recursos tributarios de los municipios las tasas, las contribuciones por mejoras provenientes de obras municipales, los impuestos a la propiedad inmobiliaria urbana, a la radicación de automotores y aquellos cuya facultad de imposición corresponda por ley a las municipalidades”.

En ese sentido, agrega que el tributo observado por la entidad expendedora salteña, «no satisface el requisito constitucional que permita calificarlo como tasa, en razón de que al gravar la ocupación de la vía pública y por lo tanto,  no corresponde a la real prestación de un servicio municipal.»

Desde la CESECA mostraron su beneplácito por la medida judicial y reconocieron que no solamente se verán beneficiados los asociados de Orán, sino que este “leading case” constituye un primer paso para que las Estaciones de Servicio del resto de la región y en otras provincias argentinas que están pagando el mismo tipo de Tasa, puedan accionar contra ella.

Además agregaron que “los demás rubros del comercio de la provincia podrán aludir el mismo reclamo y defender su derecho a no afrontar impuestos locales que los perjudican de la misma manera que a los dueños de bocas de expendio de combustibles”.

Finalmente, la CESECA destacó que la Corte declaró la inconstitucionalidad de dicho gravamen, lo que le da una importancia mayor al reclamo institucional, porque abarcará al resto de la actividad comercial de la región.

Agregaron finalmente que cada contribuyente, que haya pagado la polémica tasa, podrá analizar la posibilidad de reclamar el dinero aportado para que la suma sea devuelta al usuario por la Municipalidad.

Su titular, Pedro Yorvandi, advirtió que el incremento del precio podría ser mayor si el Gobierno nacional accede al pedido de petroleras que denuncian un desfase.

Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles y Derivados de Santiago del Estero (Cepase), su titular, Pedro Yorvandi, anticipó que con enero llegará un nuevo incremento en los combustibles.

Explicó que ello obedece a la actualización del Impuesto de Transferencia de Combustibles (ITC) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), que se realiza de manera trimestral. Puntualizó a que como el anterior gobierno nacional de Mauricio Macri no aplicó la última actualización, en enero impactarán dos incrementos que llegará al 2,5%.

“Es una corrección del impuesto que no se aplicó y quieren poner al día”, ilustró Yorvandi en diálogo con EL LIBERAL, quien estimó que el incremento será de un peso por cada litro de combustible.

Suba mayor

Sin embargo, señaló que en estos días el Gobierno nacional negocia con las petroleras el “desfase” que hay en los precios de los combustibles que está entre el 8 y el 10%. Indicó que las petroleras quieren que con el aumento por la actualización del ITC y del IDC, también se aplique una suba que vaya reduciendo ese desfase de precios.

De ceder el Gobierno nacional a parte de lo solicitado por las petroleras, el incremento en naftas y gasoil sería mayor. En esta discusión también forman parte las provincias petroleras, ya que tampoco quieren ceder regalías. “Si sacan el petróleo y no pagas lo que vale, tampoco la provincia va a ceder”, explicó Yorvandi.

Algunos portales porteños indicaron que podría darse un aumento de hasta un 6% en total, por lo que los combustibles aumentarían unos tres pesos por litro.

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La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) ya elevó una lista de sugerencias a las carteras manejadas por Sergio Lanziani y Matías Kulfas y ahora aguardan respuestas. Una por una, las propuestas que presentó la entidad.

Hace algunas semanas CECHA elaboró un documento con 15 propuestas dirigidas al Gobierno nacional, titulado “Aportes para el desarrollo de la actividad del comercio de hidrocarburos y afines”.

El escrito fue elevado a dos áreas en concreto: el Ministerio de Desarrollo Productivo, dirigido por Matías Kulfas, y la Secretaría de Energía, comandada por Sergio Lanziani. Ahora la Confederación espera por reuniones con las autoridades.

Si bien aún no ha tenido respuestas a las solicitadas, según pudo saber surtidores.com.ar ambos funcionarios están analizando las propuestas de la entidad estacionera.

Las expectativas es que las reuniones puedan concretarse a partir de la segunda quincena de enero.

Los 15 puntos

En el documento elaborado por CECHA a las autoridades nacionales, se esgrimen 15 puntos, que son los siguientes:

1) Rango Ministerial de la cartera de Energía. La energía es la columna vertebral de la actividad económica de todo país y considerando los grandes desafíos que la próxima administración consideramos que el máximo responsable de la cartera debe tener línea directa con el PEN (Presidente de la Nación) para asegurar que la toma de decisiones sea expeditiva, profunda y directa, evitando la burocratización de las mismas.

2) Abastecimiento de las Estaciones de Servicio a precios competitivos. Se debería disponer de una reserva estratégica de combustibles que permita amortiguar los impactos de las medidas económicas. Dicha reserva de combustibles debería crearse a partir de la sanción de una ley de abastecimiento específica para el sector u otra medida regulatoria que así lo defina.

3) Institucionalización de la mesa de competitividad y comercialización de combustibles.

Se propone crear una mesa de trabajo bajo la coordinación del Ministro de Energía que sea un nexo con otras áreas de la Administración Pública Nacional para tratar temas relacionados con la actividad que generen extra costos en la operatoria normal de las estaciones de servicios.

Esta circunstancia ha provocado que todos los meses se deban vender más litros de combustibles para cubrir los mayores costos.

4) Canalización del despacho de combustible por canal minorista. A los fines de mantener los actuales puestos de trabajo y de incentivar la creaciónde nuevos, se recomienda que la comercialización de combustibles se realice bajo alero y por pico de surtidor, es decir, a través de las estaciones de servicio.

Razón por la cual el Poder Ejecutivo debería disuadir a que las empresas petroleras concentren su actividad en la industrialización del petróleo crudo y la comercialización mayorista de sus derivados, en lugar de vender directamente el combustible a granel al sector productivo o al consumidor final.

5) Eliminación de los aportes a la seguridad social para los nuevos puestos de trabajo y reducción para los actuales de acuerdo a la reglamentación que se dicte, para ampliar la fuerza laboral.

6) Incentivar el uso de combustible alternativo, como el G.N.C. Proponemos que se implemente una política fiscal más agresiva (tanto en ICL cómo IDC) que privilegie el consumo de los combustibles más amigables con el medio ambiente, como el GNC; que, por otra parte, permitirá aumentar el consumo interno de gas natural en lugar de derivados del petróleo, logrando aumentar los saldos exportables (menos dependientes de inversiones en infraestructura) para mejorar la balanza energética y comercial de nuestro país y contribuir a resolver uno de los cuellos de botella de nuestra economía, como lo es la generación de divisas.

7) Impuesto al dióxido de carbono. Se propone la creación de un fondo con lo recaudado por dicho impuesto que permita la oferta de financiamiento blando, que pueda ser utilizado – potencialmente con diferimientos impositivos en Ganancias e IVA- para fomentar la instalación de paneles solares en las estaciones de servicio, para poder aportar energía al sistema integrado nacional.

8) Participación en la mesa multisectorial de sindicatos, cámaras, federaciones y gobierno, atento que las estaciones de servicios son en su conjunto uno de los principales empleadores de la argentina.

9) Cargas tributarias y estabilidad de precios Tanto a nivel nacional, provincial como municipal la presión fiscal es muy elevada y la incapacidad de las administraciones -en los distintos niveles jurisdiccionalespara reducir los gastos propios las ha llevado a aumentar la carga tributaria, en forma directa o indirecta, sobre los consumidores.

En el ámbito municipal, en especial, se cobran tasas por servicios no prestados o para solventar actividades no vinculadas con el sector que actúa como agente de recaudación.

Proponemos conformar un equipo de trabajo coordinado por el Ministerio de Energía con la participación activa de CECHA, que tenga como objetivos relevar la situación fiscal del negocio de la venta minorista de combustibles a nivel nacional, provincial y municipal en todo el país para analizar su razonabilidad y racionalidad y proponer luego un sistema tributario homogéneo, equitativo y transparente para aplicar a este tipo de negocios.

10) Tarjetas de crédito y Comisiones Bancarias. Las estaciones de servicio son responsables de vender los combustibles que producen las petroleras y de recaudar el componente impositivo con el que los grava la autoridad de aplicación, quedándose con un porcentaje promedio estimado del 10% sobre el precio de venta para solventar su actividad de comercialización. Sin embargo, la comisión Nacional debe tratar con urgencia el proyecto de ley de tarjetas de crédito presentado por el sector.

11) Que se establezcan alícuotas diferenciales para el Impuesto a las Ganancias de las MYPYMES.

12) Impuesto al débito bancario. Eliminación, por características del sector, del impuesto al débito atento a que en el operatoria de despacho de combustible se abona impuestos sobre impuestos – doble imposición tributaria-.

13) Categorización especial para Estaciones de Servicio conforme la Ley PyME. Los límites mediante los que se categorizan a las empresas en carácter de micro, pequeñas y medianas tramo I y II a fin de incluirlas en los beneficios de la LEY PYME, son fácilmente superados por las Estaciones de Servicio ya que en ese cálculo se incluye la totalidad de lo recaudado por venta, solicitamos solo se tome las ganancias, o margen de comercialización, y no el total de lo recaudado, ya que el 45% del precio del producto son impuestos.

14) Impuestos Provinciales y tasas Provinciales y Municipales: Se limiten y compatibilicen las facultades de establecer Regímenes de Retención y Percepción de los tributos provinciales y tasas Municipales. En numerosos casos, mediante el mantenimiento de saldos a favor constantes hacen que la actividad esté gravada a alícuotas muy superiores a las establecidas por los correspondientes Códigos Tributarios.

15) En forma general, urge que se establezca una moratoria amplia fiscal, así como un periodo de gracia sin embargos judiciales ni inicio de juicios por parte de los organismos fiscales que permita a las empresas PYME, en general, pero también a las de nuestro sector en particular, recomponer su capital de trabajo, consumido por el descenso generalizado del consumo.

El inicio del año coincidirá con una nueva actualización del impuesto a los combustibles, que debe ser ajustado según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministra el INDEC

Pese que aun no se conocen definiciones del gobierno sobre cómo se implementará la política de aumentos de precios de los combustibles, lo cierto es que a partir del 1º de enero próximo deberá ajustarse nuevamente el coeficiente impositivo que grava las naftas y el gasoil, medida que impactará directamente en los surtidores de las Estaciones de Servicio.

Así lo establece el primer párrafo del artículo 4° del Capítulo I del Título III de la Ley N° 23.966 y sus modificaciones, que dispuso montos fijos en pesos por unidades de medida, actualizables de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministra el INDEC.

Sin embargo, la crisis económica del último año hizo necesario amortiguar el impacto de los aumentos, difiriendo la aplicación de los mismos. Es lo que sucedió en diciembre, afectando solamente un 4,5 por ciento en naftas y 4,07 en gasoil, cuando el ajuste debería haber sido del 12.5 por ciento. 

Por tal motivo, a partir de enero, el aumento del ICL debería ser del 8 por ciento restante en naftas y 8,43 en gasoil”, explica el especialista y consultor Cristian Bergmman. “En términos nominales fueron 50,7 centavos en naftas, y 28,2 centavos en gasoil, pero ahora representa 90 centavos en el primer caso y 58,4 centavos en el segundo”, agrega.

Bergmman señala además, que en lo que respecta al impuesto al dióxido de carbono, a partir del 1 de diciembre se aplicó en su totalidad.

“Habrá que ver que tratamiento tendrá el Poder Ejecutivo sobre este tema, si volverá a posponer el ajuste trimestral pendiente o lo actualiza” sostiene. En este sentido, surtidores.com.ar consultó a la Secretaría de Energía y los funcionarios manifestaron no tener ninguna precisión sobre el tema, a pesar que del Decreto 798/2019 establece que “para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1° de enero de 2020, inclusive, deberá considerarse el incremento total en los montos del impuesto.” 

El dirigente señaló que hay una caída del 20% en las ventas al mercado interno. Indicó que es un alivio la moratoria fiscal.

El presidente de la Cámara de Expendedores local (Cepase) Pedro Llorvandi se refirió a cómo influirá el tipo de cambio en la formación de precios en surtidor e indicó que ‘hasta que no haya un cambio por parte del ministerio de la Producción, las petroleras deberán tomar el dólar oficial del BNA para las operaciones de importación u exportación de combustible’ en alusión al tipo de cambio más bajo que se encuentra hoy en el mercado a $63.

Llorvandi señaló: “Entendemos que estamos en una situación de emergencia, que el país con los índices que deja el gobierno saliente de un 40% de pobreza es preocupante, con una capacidad instalada ociosa de las empresas en un 60% por falta de consumo interno que se ha ido achicando. Nosotros tenemos una caída de ventas interanual de un 20% en los picos minoristas”.

En este contexto, indicó: “Vemos bien el llamado al dialogo y al consenso, a hablar e intentar solucionar los problemas que tienen los biocombustibles tanto el etanol como el biodiesel que tienen problema de precio internacional o de inserción en los precios de los combustibles líquidos en el país”. Añadió: “También creemos que es positiva la moratoria impositiva porque las cargas de impuestos y el mantenimiento de las empresas ha hecho que muchos colegas estén muy complicados en el abastecimiento, que hayan tenido que optar entre pagar sueldos, aporte y dejar sus empresas con vida o pagar los impuestos’.

Señaló que en la actualidad, ‘hay una deuda que no es producto de falta de voluntad sino de incapacidad de pago de los colegas dueños de estaciones de servicio, por eso vemos con buenos ojos la moratoria y que se dé espacio para el pago, el empresario no es que no ha querido pagar sino que no ha podido pagar todas las obligaciones’.

Atenderán sólo emergencias en el horario de las 22 a 6

Las estaciones de servicio de todo el país suspenderán la atención al público de 22 a 6 durante los días 24 y 31 de diciembre, para el expendio de combustibles y de las actividades anexas, y conservarán una guardia mínima de vigilancia.

Así lo informó la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) al señalar la licencia dispuesta del personal con motivo de las festividades de Nochebuena y Año Nuevo. De esta manera las estaciones de servicio de todo el país dejarán de atender al público en ese horario entre las 22 del 24 y el 31/12 y hasta las 6 del 25/12 y el 11.

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Establece un nuevo régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social. También condona intereses y multas. Las expendedoras deberán estar inscriptas como PYME, con Certificado MiPyME vigente.

El gobierno lanzó una serie de medidas de emergencia para poder detener la caída de la actividad económica e iniciar un proceso de recuperación. Lo hizo a través de la sanción de la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, aprobada por ambas Cámaras legislativas.   

La iniciativa declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, de la previsión social, tarifaria, energética, sanitaria y social. También fija un plan de regularización de deudas para las empresas, autoriza al Ejecutivo a revisar el cuadro tarifario del sistema energético y a intervenir los entes reguladores del gas y la electricidad ENARGAS y ENRE, respectivamente.

La media aporta beneficios para las pymes, entre las que se incluyen las Estaciones de Servicio. Especialistas impositivos explicaron sus alcances y como adherirse.

SUJETOS BENEFICIADOS:

Contribuyentes inscriptos como PYME, con Certificado MiPyME vigente al momento de presentación al régimen.

Aquellas Mipymes que no cuenten con el certificado al momento de la publicación de la presente, podrán adherir al régimen de manera condicional, siempre que lo tramiten y obtengan antes del 30 de abril de 2020. La adhesión condicional caducará si el presentante no obtiene el certificado en dicho plazo.

SUJETOS EXCLUIDOS:

  • Los declarados en estado de quiebra,
  • Los condenados,
  • Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos o quienes ocupen cargos equivalentes, hayan sido condenados.

OBLIGACIONES INCLUIDAS

  1. Impositivas, de los recursos de seguridad social y aduaneras
  2. Deuda administrativa, en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial
  3. Vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive
  4. Se podrá incluir refinanciación de planes de pago vigentes y deudas emergentes de planes caducos.

OBLIGACIONES EXCLUIDAS:

  1. Régimen de riesgos del trabajo
  2. Los Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y el Dióxido de Carbono, y sus modif.
  3. El Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas

CONDONACIONES:

  1. De las multas y demás sanciones previstas en la Ley N° 11.683, Ley N° 17.250 y Ley N° 22.415 (Código Aduanero), que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento al régimen.
  2. Del 100 por ciento de los intereses resarcitorios y/o punitorios de los trabajadores autónomos
  3. De los intereses resarcitorios y/o punitorios en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje que para cada caso se establece a continuación:
  • Período fiscal 2018 y obligaciones mensuales vencidas al 30 de noviembre de 2019: el 10 por ciento del capital adeudado.
  • Períodos fiscales 2016 y 2017: 25 por ciento del capital adeudado.
  • Períodos fiscales 2014 y 2015: 50 por ciento del capital adeudado.
  • Períodos fiscales 2013 y anteriores: 75 por ciento del capital adeudado.

CONDICIONES para obtener las condonaciones descriptas anteriormente:

  1. Compensación de la deuda con saldos de libre disponibilidad, devoluciones, reintegros o reembolsos al que tengan derecho por parte de la AFIP
  2. Cancelación mediante pago al contado, siendo de aplicación en estos casos una reducción del 15 por ciento de la deuda consolidada
  3. Cancelación total mediante alguno de los planes de facilidades de pago que al respecto disponga AFIP.

PLAN DE FACILIDADES DE PAGO

  1. Tendrán un plazo máximo de:

1.1. 60 cuotas para aportes personales con destino al Sistema Único de la Seguridad Social y para retenciones o percepciones impositivas y de los recursos de la seguridad social.

1.2. 120 cuotas para las restantes obligaciones.

  1. La primera cuota vencerá como máximo el 16 de julio de 2020 según el tipo de contribuyente, deuda y plan de pagos adherido.
  2. Podrán contener un pago a cuenta de la deuda consolidada en los casos de Pequeñas y Medianas empresas.
  3. La tasa de interés será fija, del 3 por ciento mensual, respecto de los primeros 12 meses y luego será la tasa variable equivalente a BADLAR utilizable por los bancos privados.
  4. La calificación de riesgo que posea el contribuyente ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS no será tenida en cuenta para la caracterización del plan de facilidades de pago.
  5. Los planes de facilidades de pago caducarán:

6.1. Por la falta de pago de hasta 6 cuotas.

6.2. Incumplimiento grave de los deberes tributarios

6.3. Invalidez del saldo de libre disponibilidad utilizado para compensar la deuda.

6.4. La falta de obtención del Certificado MiPyME en los términos del artículo 8° de la presente ley.

Directivos de la Confederación de Entidades de los Hidrocarburos de la República Argentina (CECHA) analizaron la situación del sector junto a funcionarios de AXION energy.

Los integrantes de la Comisión AXION energy perteneciente a la Confederación de Entidades de los Hidrocarburos de la República Argentina (CECHA), mantuvieron una reunión con funcionarios de la compañía para analizar la situación de la red.

El encuentro – el quinto que se desarrolla en el año – sirvió de marco para que los operadores hicieran un resumen de la actividad y plantearan las cuestiones más urgentes a resolver, posicionando como prioritaria a la rentabilidad por la venta de combustibles, pero sin dejar de lado otras como problemas de logística, acciones de marketing, tarjeta de carga y la política de abastecimiento aplicada durante el congelamiento de precios.

Observamos insuficientes las campañas comerciales de atracción de nuevos clientes y aumento de frecuencia de los actuales en relación a la competencia de un desarrollo comercial escaso en cuanto a lo local y regional. Además las notamos con una ejecutabilidad compleja, siendo lentas y dificultosas en playa, con algunos problemas de control”, señalaron, al tiempo que reiteraron el pedido de bonificación parcial del fee de marketing.

Explicaron que durante 2019 las naftas aumentaron 39 por ciento, en tanto que los costos operativos (salarios, cargas sociales, energía eléctrica, etc) lo hicieron en un 55 por ciento, generando un déficit que pone en riesgo la sustentabilidad de muchos negocios.

En este contexto, expresaron que los once incrementos de precios generaron una fuerte demanda en los surtidores provocando además una importante suba del capital de trabajo y un mayor costo financiero por la suba de las ventas con tarjetas de crédito. “Todo esto da como resultado que para las Estaciones de Servicio ha sido un año sumamente difícil”, afirmó el Presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Mendoza, Domingo Franchetti.

Si bien entendemos que esta problemática es común a todo el sector, cada compañía tiene sus particularidades”, remarcó el empresario. “Hoy nosotros tenemos la necesidad de recomponer el margen y volúmenes y en ese sentido es el reclamo”, enfatizó.

Finalmente expresó que “con la petrolera hemos logrado establecer un canal de diálogo sincero y nos llevamos el compromiso de seguir trabajando para encontrar un punto de equilibrio”.

El aumento de los costos y el retraso de los precios provocaron la necesidad de despachar un importante volumen de nafta y gasoil para alcanzar el punto de equilibrio. Pocas expendedoras alcanzan esa cifra.

Las constantes variables del mercado de los combustibles en nuestro país eyectaron el piso de ventas para que una Estación de Servicio pueda cubrir sus gastos operativos. El resultado: la mayoría de las expendedoras de nuestro país no puede alcanzar el punto de equilibrio poniendo en riesgo la continuidad comercial de su actividad.

De acuerdo al “Simulador de Rentabilidad” que elabora la Cámara de Estaciones de Servicio de Rosario, para cubrir sus costos, un establecimiento que comercializa nafta y gasoil bajo la modalidad consignado, necesita despachar mensualmente 439.000 litros, mientras una que lo hace en condición reventa, 320.000 litros.

El estudio explica que la contribución marginal por litro vendido, es decir el margen bruto con el cual hay que afrontar todos los costos fijos, alcanza los $4,61, que representa un 9,24 por ciento del mix de venta promedio de combustible.

En este contexto, los costos totales sobre la venta ascienden al 98,74 por ciento de la facturación total de la Estación de Servicio, sin contemplar otras unidades de negocio como el shop, que en muchos casos es deficitario en función de su ubicación geográfica.

Respecto al costo laboral promedio por empleado sin contabilizar el rol de gerente, el análisis de los empresarios  sostiene que asciende a $83.600. “El costo laboral se incrementa al 70 por ciento de los costos fijos totales”, precisan desde CESGAR.    

Asimismo, de los egresos derivados de la explotación comercial, todos los gastos operativos fijos se concentran en 55 proveedores distintos, lo que representa el 30 por ciento restante de los costos fijos totales.

LA MAYORÍA NO LLEGA

Según un informe realizado por la consultora FGC, la mayoría de las Estaciones de Servicio del país se encuentra por debajo de este caudal de ventas. El peor escenario lo atraviesan las Blancas debido a que cuentan con abastecimiento deficiente y precios fuera de mercado, impidiéndoles competir con aquellas que mantienen relación contractual con una petrolera.

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Titulares de Estaciones de Servicio de Gas Natural Comprimido, están masificando entre los colegas del sector, un texto para aunar voluntades en un hecho que consideran “justo para la actividad”, porque según los impulsores de la iniciativa “el precio anclado hoy en 19,99, no es un valor justo”, dicen.

A través de las redes sociales, mails y mensajes telefónicos, desde la compañía Grupo Roari, que posee estaciones de GNC de la Firma “Argas”, lanzaron una reflexión por los medios digitales dirigida a los colegas del rubro para conseguir apoyo ante el reclamo de aumento del precio del metro cúbico de gas automotor.

La misiva firmada por el titular del Grupo empresario, expresa en sus líneas principales que “todos los propietarios de estaciones de  carga sabemos que el negocio concerniente al expendio de Gas Natural Comprimido, no arroja rentabilidad alguna sea cual fuere el nivel de ventas que cada uno pueda registrar”.

Este concepto, lo basa en el hecho de que según su visión, “desde el 1 de Abril de 2016 a la fecha hemos sufrido el aumento sostenido de toda la estructura de costos que hacen al insumo principal de comercialización (Gas Natural), como así también respecto de todos los costos agregados que hacen al negocio mismo. Lo que no se ha producido al día de la fecha, es ni más ni  menos que el necesario ajuste del nivel general de precios al surtidor”.

Denuncia en el texto que “las petroleras y productoras de Gas Natural, vienen anclando el precio del GNC en valores irrisorios que no superan en promedio la suma de 19,99 Pesos el m3” y agrega que “sabemos que es un precio de dumping, que solo las petroleras líderes pueden sostener, en razón de que ellas mismas logran por sí o por sus subsidiarias la integración vertical del negocio, constituyéndose en vendedoras mayoristas del propio Gas Natural que todos los operadores blancos le adquirimos por obligación, en atención a la situación oligopólica imperante”.

Calcula en la carta el firmante, que el precio justo  del metro cúbico de GNC se ubica en torno a los 29,99 Pesos, pero alerta a sus colegas que “resulta necesario que cada estacionero considere y reflexiones acerca de la necesidad de alcanzar este valor”, porque a su entender, “de lo contrario el expendio de GNC quedará en manos de la petroleras y no ya de las empresas PYMES o unipersonales que hicimos posible que el GNC llegue a cada rincón que los gasoductos de nuestra patria lo permiten”, finaliza el estacionero.

Al respecto, el convocante dijo a este medio que “utilizamos una compilación de bases de datos de los colegas los cuales muchos siguen vigentes, para enviar este mensaje que para nosotros constituye un acto de desesperación para que los estacioneros pierdan el miedo y se animen a asumir el verdadero costo del producto”.

Afirmó que los gastos fijos de una expendedora de GNC, con un precio de venta al público por debajo de los 24 pesos hoy por hoy no permite ningún otro tipo de inversión por fuera de los impuestos y los aportes a los empleados.

Finalmente explicó que la cifra de 29,99 para fines de marzo es el único camino para poder gastar en el mantenimiento de los compresores y acceder a la moratoria que prepara la AFIP próximamente.